La polémica medida –que había permitido la matanza de Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú (perdiz)- recibió numerosas críticas y repudios desde distintas instituciones socioambientales del país por considerarla inconstitucional y violatoria de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, La Convención de Bonn, la Convención Ramsar y el Convenio de Diversidad Biológica.
La demanda judicial fue presentada por CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Conciencia Animal, Ayuda Animal, Ecoguay Gualeguay, Luz del Ibirá y Arroyo Perucho, todas instituciones de Entre Ríos.
La Dra. Cecilia Domínguez –representante legal de CEYDAS- indicó que “Entre Ríos ha tenido un avance significativo en materia de derecho animal en los últimos años pero la habilitación de la caza de animales autóctonos por parte del Poder Ejecutivo es un claro retroceso.”
