Se trata de una iniciativa que surge con la intervención del Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y del Equipo de Trabajo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR) de la Prefectura y que contó con el apoyo profesional de fiscales federales y funcionarios de las áreas pertinentes de la cartera nacional de seguridad.
El protocolo tiene como objetivo establecer líneas de acción, criterios y estándares orientativos que sirvan para que los efectivos de la institución adviertan indicadores de trata cuando se toma, a raíz del ejercicio de la función policial, o con tripulantes de buques extranjeros.
“El delito de trata de personas constituye una grave y particularmente insidiosa violación de los derechos humanos, que ataca los valores y principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional y que implica la cosificación y sometimiento del ser humano afectando su libertad y dignidad”, sostiene el texto publicado en el Boletín Oficial, elaborado teniendo en cuenta una amplia base normativa que incluye la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y el Convenio OIT Nº 188 para proteger a los trabajadores del sector pesquero, entre otras.
El instrumento, que no modifica pautas ya reglamentadas sino que las complementa, será aplicado exclusivamente por los efectivos de la Prefectura que, en cumplimiento de sus funciones policiales específicas, tomen o con tripulaciones de buques pesqueros extranjeros, ya sea en oportunidad de ingresos de los mismos a puertos argentinos, arribadas forzosas, capturas y conducción a puerto producto de pesca ilegal y asistencias médicas o aeroevacuaciones.
“Las tripulaciones de los buques pertenecientes a flotas extranjeras de pesca que operan en proximidad a la zona económica exclusiva argentina se encuentran muchas veces en situación de vulnerabilidad a causa de factores socioeconómicos o de haber sido reclutados con ofertas de empleo engañosas a través de la intervención de agencias de contratación en diferentes países”, indica el protocolo, a la vez que sostiene que los buques operan en altamar, alejados de todo control jurisdiccional, por períodos prolongados de tiempo, con limitaciones idiomáticas, imposibilidad de arse con tierra y otras situaciones que favorecen a la explotación laboral y otros delitos conexos.
El personal interviniente, haciendo uso de su perspicacia policial, capacitación específica y herramientas legales, se encuentra en condiciones de detectar indicadores del delito de trata de personas, debiendo brindar la asistencia primaria correspondiente y promover las actuaciones de rigor.
Acompañado por un anexo clasificado como “reservado”, denominado “Guía para las preguntas exploratorias”, el protocolo menciona indicadores que orientarán al personal, como la observación del estado emocional de las personas, el lugar donde se encuentran alojados, las condiciones laborales y el control documental.
Además, prevé la realización de perfilamientos específicos de tripulaciones vulnerables y de compañías armadoras de flotas pesqueras proclives a la explotación laboral y posible trata de personas, así como la capacitación de los integrantes de la Prefectura que cumplen funciones en distintas áreas (medios aéreos, terrestres, de superficie, sanitarios y de comunicaciones) que llevan adelante operativos en el ámbito marítimo.
Asimismo, la norma establece el procedimiento a seguir en caso de detectar un posible caso de trata, que incluye dar intervención inmediata a la Justicia Federal.
