En ese sentido, itió que causó malestar la acusación del gobernador en el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) respecto de un “boicot” de los trabajadores contra la intervención. “Fue muy fuerte que trate al empleado como alguien que tiene ciertos intereses compartidos con la gestión anterior y que queremos defender a alguien cuando esta no es más que una lucha totalmente honesta en defensa de la obra social y de los intereses del afiliado, más que de los empleados. Cuando el gobernador menciona un boicot y que hay algunos intereses dentro de la institución y que los empleados no tenemos interés en mejorar esta cuestión, es muy fuerte porque es ponernos en contra del afiliado cuando somos nosotros los que estamos dando la cara en las delegaciones y la Casa Central. El afiliado se está agolpando y padeciendo todos los problemas que ha generado esta intervención y los que estamos dando la cara somos los empleados”, planteó.
“Esto no sólo genera presión hacia el empleado o amedrentamiento, porque notamos ese enojo hacia el empleado por parte del gobernador que habló en la entrevista, pero además el afiliado ya viene enojado, viene molesto, viene cansado y viene con un problema de salud que no es nada menor. Los problemas de salud cuando no se solucionan terminan generando conflictos muy grandes, tristeza y enojo, y frente a eso tener a un empleado al que se acusa como responsable de todo esto, no va a generar más que caos”, reflexionó.
Asimismo, aclaró que “desde el primer día que se intervino la obra social, el 12 de diciembre, los empleados nos pusimos a disposición de la intervención y del afiliado, como siempre hicimos, para trabajar de la mejor manera porque lo tomamos como algo bueno, como algo positivo; nunca lo tomamos como algo negativo. E incluso en las primeras entrevistas que dieron desde la intervención, hablaban bien que los empleados estábamos a disposición, que este era un problema de la gestión anterior, y ahora de la nada nos están tratando de curreros o de defender los intereses de (Fernando) Cañete y compañía, de boicotear, de no entregar información”.
En tal sentido, aclaró: “Si desde sistemas no se entregara la información, ellos no podrían acceder a absolutamente nada de lo que accedieron para todas las supuestas presentaciones que han hecho. Y el ejemplo más grande de esto, es que ellos migraron la base de datos de medicamentos a un sistema comprado en Buenos Aires, entonces ¿esa base de datos de dónde salió si no es de los empleados?”.
Consultado por los motivos de este ataque hacia los trabajadores, consideró que “nosotros queremos plantear una discusión seria, cada vez que un empleado del IOSPER salió a hablar en los medios de comunicación, nunca se plantearon chicanas, siempre se plantearon argumentos de porqué esta ley no debe salir, cuáles son nuestras visiones respecto a la política que se está llevando adelante en materia de salud, IOSPER y prestaciones, y lo que vemos en proyección a lo que puede ser esta nueva gestión si se aprueba esta ley, y a partir de eso porqué nos oponemos a esta ley, argumentando de los artículos y lo peligroso que puede ser que esta ley salga”.
“Quizás quieren argumentar que es positivo sacar esta ley porque saben que no es beneficiosa y entonces buscan chicanas y no argumentos, porque no encontramos otra cosa que embarrar todo el tiempo y ensuciar la cancha, acaparar lo más posible los espacios mediáticos con todo un juego sucio, sin argumentar en ningún momento de una manera, por lo menos, madura. Un ejemplo embarroso y barato fue que tiraron planfletos con la cara de Cañete con la frase ‘Luche y Vuelve’ y llamaron a los medios de comunicación para que lo filmen. Y quiero que quede claro que nosotros somos empleados comunes y corrientes que estamos tratando de mostrarle a la gente porqué esta ley no es beneficiosa”, sentenció.
En relación con la situación laboral y la falta de pago de salarios que se reclamó la semana pasada, señaló: “La información que tenemos sobre los cobros y la situación de los empleados siempre es muy vaga. Los contratos de obra que pasaron a la planta temporaria, mágicamente de un mes para otro no podían cobrar porque había un montón de problemas para pagarles, siendo que desde enero y hasta mayo no había problemas para liquidar los sueldos. En teoría iban a demorar mucho más en cobrar y por eso generamos una presión con los empleados para que nuestros compañeros pudieran cobrar, venir a trabajar tranquilos y brindar la mejor atención al afiliado en este contexto de caos, en el que encima tampoco nos dan las herramientas para trabajar y todo el tiempo nos privan de cierta información”.
“Pasaron unos 20 días en que no habían cobrado y por eso le hicimos un reclamo al subinterventor, nos prometieron que iban a pagar, pero aclarando que había un grupo de 12 empleados que tenían alguna cuestión para rever. Resultaron ser 30, no 12, y esas personas en teoría cobraron entre ayer y hoy. El problema es que sigue habiendo presión sobre los empleados, sigue habiendo movimientos de empleados, y la cuestión de los salarios viene desde enero donde los contratos de obra no cobraron en fecha y forma, lo que se repitió en febrero. Es decir que este manoseo a los empleados viene desde que inició la intervención, y nuestro movimiento de reclamo comenzó en mayo, por lo cual es falso lo que dicen que el empleado no tiene voluntad de trabajar, porque el empleado siguió trabajando callado y con la mejor voluntad a pesar de no cobrar, y nadie se enteró de eso porque no salió en los medios”, aseveró.
A la hora de evaluar los resultados de la intervención, el trabajador sostuvo que “este es un proceso que comenzaron mostrando una supuesta buena voluntad, pero a medida que iban avanzando los meses, la cuestión va empeorando. El problema de los medicamentos que explotó el 1 de mayo se venía gestando desde abril y el problema de las prótesis viene desde febrero; si bien argumentan un montón de cuestiones, no puede pagar el afiliado por los problemas de la gestión anterior y estar demorando la entrega de prótesis o porque se les ocurrió cambiar el sistema de medicamentos, demorar dos meses la entrega de medicamentos, y todavía hay afiliados que se están agolpando en las delegaciones por los problemas de medicamentos. Las delegaciones están estalladas de gente por los problemas de las prestaciones”.
En ese marco, acotó: “La práctica de colonoscopía hace dos semanas estaba 17.000 pesos y hoy está costando 48.000 pesos; tenemos un listado de precios de prestaciones donde se ve que se duplicaron, triplicaron y hasta cuadriplicaron valores de prestaciones. A estas cosas vamos con nuestra lucha, no solo cuidar al empleado y la fuente laboral, sino a cuidar la obra social y lo que debe ser la obra social de cara al afiliado, cuidar que el afiliado pueda tener prestaciones de salud de una manera buena, y que sea pagable por el afiliado. Porque no hay que dejar de resaltar que el afiliado que no puede pagar las prestaciones que brinda la obra social, termina acudiendo al sistema público de salud, somos 300.000 afiliados al IOSPER que vamos a ir a parar todos al sistema público, que ya está estallado y no va a dar abasto”.
En el mismo sentido, cuestionó que además de los ocho funcionarios de la intervención “ingresaron empleados nuevos a trabajar al IOSPER; aunque no sabemos la cantidad, la gravedad es que echaron compañeros e ingresaron nuevas personas. En teoría están queriendo corregir la situación económica del IOSPER, pero sigue entrando gente nueva a trabajar, siguen sumando empleados”. Y agregó que “no puedo afirmarlo, pero acá no hemos visto ningún concurso de quienes ingresaron”.
“No tenemos conocimiento de inicios de sumarios, pero sí hubo movimientos de empleados. El caso más resonante es el de Santa Elena donde apareció una señora vecina que entró a trabajar y ocupa el cargo de delegada cuando nunca fue empleada de carrera. Era una supuesta vecina que la llamaron a trabajar y a ser delegada. No se sabe quién la llamó, simplemente entró a trabajar y la información que nos dieron es que tiene un contrato de planta temporaria de la provincia, y quien era delegado ya no está más a cargo de la delegación de Santa Elena”, reveló.
Consultado acerca de si algún funcionario de la intervención se reunió con los trabajadores, mencionó: “El ejemplo más claro es que tuvimos que subir todos los empleados al tercer piso para poder generar una presión para que los trabajadores cobren y hacer ese reclamo de manera presencial porque nadie nos recibía. Claramente nadie nos llamó, fue una decisión espontánea de los empleados para defender a los compañeros que no estaban cobrando porque no nos daban respuesta en ningún lado y no nos recibían de manera formal en ningún lado. Esa es la situación que estamos viviendo: no tenemos recepción de ningún lado”.
Por eso también hacemos esta entrevista, porque no sólo no nos están acompañando como trabajadores quienes nos deberían dar todas las facilidades para trabajar y dar una buena atención al afiliado, sino que además nos están generando este amedrentamiento del gobernador en un programa de televisión tan visto y con semejante repercusión. Ese es el trato que estamos teniendo como empleados y nosotros tenemos que estar trabajando y de cara al afiliado. Nosotros como empleados queremos una buena voluntad de ambas partes, que de nuestra parte siempre estuvo porque sabemos que nos debemos al afiliado, que nuestro trabajo es por y para el afiliado y no queremos otra cosa que trabajar de manera cómoda y dando una buena atención. Nuestra voluntad siempre está, mi voz es por todos los trabajadores del IOSPER, que siempre estuvimos a disposición y somos personas honestas, no defendemos ningún interés extraño y trabajamos para y por el afiliado”, concluyó.
