Cabe recordar que la empresa Securitas, de origen sueco, en el año 2019 hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina y descubrir que había millones de dólares salientes de la compañía de forma irregular. Esos pagos se habrían realizado, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se quede con los contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país. En dicha autodenuncia la a empresa de seguridad privada Securitas itió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Energía de Entre Ríos SA (Enersa), entre otros para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso habrían pagado para que se agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
La causa en Entre Ríos 464229
Cabe recordar que en mayo del año pasado, la jueza Arroyo Salgado dictó el procesamiento de Claudio y Marcelo Tórtul y de los gerentes de Enersa Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis en el capítulo entrerriano de la causa por coimas de Securitas. A los Tórtul les dictó su procesamiento por considerarlos prima facie autores de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizadores en concurso real con cohecho activo (coautores) y negociaciones incompatibles con la función pública (partícipes necesarios).
Respecto de Alejandro Cis, ex gerente de Logística de Enersa, la magistrada resolvió procesarlo por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionarios público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por último, a Marcelo Morales -gerente de Asuntos Legales- y Juan Carlos Pimentel -ex gerente general y actual gerente de Innovación Tecnológica-, la jueza los procesó sin prisión preventiva por considerarlos presuntos autores de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
