Las defensas de los Tórtul formularon sendos incidentes de excarcelación ante la Cámara Federal de Apelaciones de San MartÃn, que fue resuelto en su favor por los jueces Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas.
Puntualmente, los defensores Juan Félix Marteau y Alejandro Bisbal plantearon la nulidad de la investigación y consiguieron que la cámara le ordenara a la magistrada que analice el incidente de nulidad que se abrió a raÃz del planteo.
La acción de los abogados derivó en que las excarcelaciones se hagan extensivas al resto de los imputados.
Según trascendió de fuentes cercanas al expediente, hubo fuertes cuestionamientos a la investigación interna llevada adelante por Securitas, que dio origen a la causa penal.
Cabe recordar que los empresarios fueron procesados con prisión preventiva en mayo por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, acusados de ser organizadores de una presunta asociación ilÃcita, coautores de cohecho activo y partÃcipes necesarios de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los camaristas ponderaron que la causa y los numerosos incidentes que la componen constituyen una investigación de singular envergadura, con múltiples eventos y actores intervinientes. También mencionaron la existencia de gran cantidad de medidas de prueba pendientes de producción.
Ante lo que vaticinan será una instrucción prolongada en el tiempo y que no está cerca la culminación de la pesquisa, el tribunal analizó las medidas de coerción.
Los magistrados se detuvieron en los riesgos procesales argumentados por Arroyo Salgado en el procesamiento de mayo. La jueza habÃa considerado que los hermanos Tórtul tenÃan que estar con prisión preventiva por su calidad de empresarios del rubro de la seguridad âcon importantes medios económicos y aceitados vÃnculos con personal militar y de fuerzas de seguridadâ.
También mensuró que los medios a su alcance podÃan configurar peligros procesales. âDesde la óptica del riesgo de fuga existen elementos objetivos para considerar que poseen amplias facultades para abandonar el paÃs o permanecer ocultosâ, sostuvo.
Además, aludió a la posibilidad de entorpecimiento e influencia sobre testigos, dado que muchos implicados fueron o son sus subordinados.
Los camaristas analizaron cada punto. âEn lo que respecta a la posible obstrucción de la investigación, no hay pautas demostrativas de que la etapa instructoria que transita el legajo pueda ser comprometida a partir de una maliciosa injerenciaâ, sostuvieron.
Para los jueces, los indicadores precisados al respecto por Arroyo Salgado âno lucen claros y determinantesâ. Añadieron que âsi bien la magistrada indicó como posibilidad cierta que el encausado interfiriera en aquellos testimonios que podrÃan recepcionarse, tal cuestión luce conjetural y no recibe apoyo de otra circunstancia que le brinde asideroâ.
Más adelante, desestimaron âla mera circunstancia de haber mantenido vÃnculo a partir de la actividad comercial desplegada con diversas fuerzas de seguridadâ y consideraron que no alcanza de por sà para aventurar una connivencia âpara garantizar su sustracción de la autoridad jurisdiccionalâ.
âEn todos estos años no se constató o verificó ninguna pauta objetiva que torne razonable y atendible dicha formulaciónâ, remarcaron.
Los jueces ponderaron también que los delitos de que se acusa a los Tórtul no son violentos y resaltaron sus condiciones de arraigo âsuficientes para neutralizar el peligro de fugaâ. También consideraron que los empresarios fueron detenidos en sus domicilios sin que mostraran intención alguna de profugarse y que, incluso, entregaron teléfonos y claves voluntariamente.
Más adelante, el tribunal determinó imponer medidas de coerción menos gravosas que la prisión preventiva y dispuso la exigencia de una caución real âcuyo monto deberá ser prudencialmente fijadoâ por Arroyo Salgado.
La caución fue fijada por la magistrada y, aunque no trascendieron detalles, se pudo saber que los hermanos Tórtul cumplimentarÃan ese trámite en las próximas horas. Si bien habÃa circulado que en razón de los embargos millonarios que pesan sobre ellos habrÃan tenido que acudir a allegados, luego se supo que los empresarios están avanzando sin recurrir a fiadores.
El tribunal también les impuso la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salir del paÃs y la entrega de sus pasaportes.
En esta horas se definirá, además, la situación procesal de Daniel Carbonell, socio de los Tórtul en la empresa Tornell SA, actualmente a cargo de la seguridad de Enersa. El plazo vencÃa el lunes, pero se habrÃa extendido en razón del feriado del 9 de Julio.
