La iniciativa se basa en “el reiterado incumplimiento por parte de los responsables de las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal al no haber respondido en tiempo y forma los pedidos de informe solicitados durante 2024, habiendo transcurrido ampliamente el plazo de 90 días establecido para su contestación, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 inciso b) de la Ley Nº 10.027, aun cuando algunas respuestas fueron remitidas posteriormente, excediendo considerablemente el término estipulado”.
“La ausencia de respuesta a los pedidos de informe vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a la información pública, principio consagrado en los artículos 1º, 33º y 38º de la Constitución Nacional y en los artículos 15º y 75º de la Constitución de Entre Ríos”, señalan en los considerandos los concejales del bloque La Libertad Avanza, autores del proyecto.
“Durante el año 2024, este Honorable Concejo Deliberante ha presentado múltiples pedidos de informe relacionados con temas de interés público tales como infraestructura, salud, seguridad y gestión presupuestaria, y se ha operado el vencimiento de los plazos. La falta de respuesta genera incertidumbre sobre la utilización de los recursos públicos y dificulta la implementación de políticas públicas eficientes y efectivas”, expresan.
En caso de reincidencia (incumplimiento injustificado de un nuevo pedido de informe dentro de los 12 meses siguientes al primer incumplimiento), proponen que la reducción de los ingresos sea del 30%.
El monto recaudado por las sanciones aplicadas sería destinado al área municipal de Discapacidad, “con el objetivo de fortalecer los programas y acciones destinados a garantizar la inclusión, accesibilidad y calidad de vida de las personas con discapacidad”.
